POR CARLOS SALCEDO.- He tratado por lustros el tema de la seguridad ciudadana y la labor de las instituciones que intervienen en el sistema, en democracia. Durante décadas se ha hablado y se han hecho reformas normativas, las que han sido contenidas por las resistencias naturales cuando de eficiencia y disminución de la arbitrariedad y debilidades se trate.
Pero, sin desmedro de lo dicho, el mayor reto que tenemos en la República Dominicana es de los cambios sustanciales que amerita el sector seguridad ciudadana, particularmente es lo concerniente a la concepción filosófico política, de presupuesto, de formación y operativa que, según los datos publicados, viene dando algunos frutos en el país, producto de la disminución de los hechos de sangre derivados de los delitos.
La transformación policial debe ser integral, pues la seguridad debe ser ciudadana, vista como valor y servicio públicos; preventiva, para evitar que los hechos ocurran; y, como seguridad pública, por cuanto concierne a todas las instituciones ligadas a dicho ámbito. En ella las instituciones policiales y las otras que hacen parte del sector de seguridad y convivencia ciudadanos, esto es, de la prevención, la detección, investigación, persecución, acusación y sanción del delito, estén involucradas, con definiciones legales e institucionales adecuadas.
Hacer un diagnóstico de la delincuencia depende de datos creíbles, lo que posibilitará actuar estratégica, táctica y realmente con la suficiente certeza para lograr la mayor reducción posible de los hechos delictivos que siempre alteran la paz social.
Un nuevo proyecto de ley que le de cuerpo institucional y que cree un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con presupuesto y monitoreo adecuados y eficientes, debe ser puesto en la mira para su pronta discusión y aprobación por el congreso, una vez agotadas las vistas públicas y las amplias discusiones que permitan la participación ciudadana y de expertos del area.
Esto permitiría adecuar las instituciones nacionales de la seguridad ciudadana a la realidad del crimen y del delito de hoy, como de hecho han venido haciéndolo el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de Administración Pública y que espero se corone con la aprobación congresual.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que una política de seguridad sin respeto a los derechos humanos, es contraria al dictado democrático, lo cual debe ser previsto también, unido a la fiscalización y supervisión de la gestión y uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales. Esto así porque deben responder al bloque de constitucionalidad del que somos signatarios y, además, porque la población debe estar vinculada al proceso por ser parte fundamental en el proveimiento de seguridad ciudadana.
Los hechos notorios, como los recientes asaltos a sendas sucursales de los bancos de Reservas, en Santiago, y Popular, en el Distrito Nacional, como en 2022, en una sucursal de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos en Licey al Medio, crean la percepción de incremento de la delincuencia y es natural.
Ahora bien, toca a la P. N. dar pruebas contundentes de investigaciones acabadas y que puedan dar cuenta de las personas involucradas y que estás sean puestas en manos del Ministerio Público -de la justicia- para que en sus funciones tengan elementos suficientes para lograr las sanciones previstas en las leyes.
Ojalá que los “intercambios” de disparos y las muertes derivadas de ellos no sean la presea que exhiba la P. N. como solución del conflicto, pues ello significaría el fracaso institucional y una negación del proceso de reforma democrática de la Policía Nacional.
El crimen y la delincuencia se enfrentan con las herramientas técnicas, humanas y legales que provee el sistema democrático, sin cuya base peligra nuestra seguridad ciudadana y nuestra tranquilidad.
